Andrea Molina: polémica por financiamiento y doble contratación en programa municipal

Investigación revela el financiamiento y actividades de Andrea Molina en cargos municipales sin dedicación exclusiva.

Por Sergio Mendoza Léelo en 2 Minutos

Programa Municipal y Doble Contratación

Andrea Molina, exdiputada, fue nombrada en abril para liderar el programa “Mujer, Familia y Duelo” en Zapallar, percibiendo más de $2.600.000 mensuales. Este programa es dirigido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y se enfoca en el acompañamiento a personas en situaciones de duelo o enfermedades terminales.

Además, registros indican que Molina ha recibido pagos por más de $6 millones por sus servicios en dos entidades municipales diferentes, incluyendo la Corporación Municipal de Desarrollo de La Reina, sin que esto implique una dedicación exclusiva a Zapallar.

Justificación del Municipio

Desde el municipio de Zapallar se ha justificado el alto sueldo y las modalidades de contrato de Molina explicando que se atribuyen a la discreción del alcalde Gustavo Alessandri. La contratación no implica una dedicación total al municipio, permitiendo la posibilidad de otros ingresos y actividades.

“Su labor ha sido satisfactoria y cumple con las expectativas del programa asignado”, afirmó Sebastián Chacana, concejal de Zapallar.

Sebastián Chacana

Implicancias Políticas y Financieras

La situación contractual de Molina ha levantado suspicacias también en el ámbito político. Recientemente se reveló que recibió financiamiento significativo durante su campaña al Senado en 2017, incluyendo un préstamo no declarado de $120 millones por parte de un propietario de factoring.

«El préstamo se destinó a cubrir gastos post-campaña y no durante la misma», aclaró Andrés Bustos, abogado de Molina.

Andrés Bustos
  • Molina lidera el programa municipal “Mujer, Familia y Duelo” en Zapallar.
  • Ha recibido pagos de dos entidades municipales simultáneamente.
  • Financiamiento de campaña bajo escrutinio por posible no declaración.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre financiación política y posiciones públicas, evidenciando la necesidad de mayor transparencia y regulación en estos ámbitos.

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