Ordenan prisión preventiva contra Evo Morales por presunto abuso sexual a una menor durante su mandato en Bolivia.
Emisión de Orden de Aprehensión y Pedido de Prisión Preventiva
La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, además de solicitar seis meses de prisión preventiva. Esta medida se toma en respuesta a las acusaciones que vinculan a Morales con el abuso sexual de una menor de 15 años. Róger Mariaca, fiscal general del país, confirmó la decisión judicial durante la noche del lunes.
Sandra Gutiérrez, fiscal del caso, explicó que la aprehensión se ordenó tras la negativa de Morales a responder a una citación previa. «El mandamiento de aprehensión se debe a la complejidad del caso y a la posición de Morales como exmandatario», mencionó Gutiérrez.
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Detalles del Caso y Acciones Judiciales
La Fiscalía sostiene que Morales podría haber cometido el delito de «trata» mediante un presunto «arreglo» con los padres de la menor. Este escándalo cobró fuerza después de que se iniciaran bloqueos de carreteras por seguidores de Morales, lo que complicó la situación política y social del país. Pese a varios intentos de detención, la presencia de manifestantes y la violencia impidieron la ejecución de la orden de aprehensión.
“Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión debido a los conflictos sociales y a la violencia en las protestas», relató Gutiérrez.
Antecedentes y Consecuencias Legales
Según los registros, la relación entre Morales y la menor comenzó en 2015, derivando en un embarazo. La Fiscalía argumenta que los padres de la joven la inscribieron en la guardia juvenil de Morales con fines políticos y personales. Por estos hechos, tanto Morales como la madre de la menor han sido imputados por el delito de trata de personas agravado.
Esta no es la primera vez que se emite una orden de captura contra Morales por este caso; una orden anterior había sido revocada por un recurso judicial. La situación se enmarca en un contexto más amplio donde Morales denuncia una persecución política, especialmente en el marco de las próximas elecciones de 2025, en las que intenta participar.
- Solicitud de alerta migratoria para evitar la salida del país de los implicados.
- Posible pena de 10 a 15 años para Morales si se comprueba el delito.
- Impacto político significativo en el entorno electoral boliviano.
El desarrollo de este caso sigue en proceso, y su resultado podría tener implicaciones profundas tanto para el futuro político de Morales como para la estabilidad en Bolivia.
