A fines de 2023, la Fiscalía Regional de Antofagasta inició una investigación por omisión de denuncia en el Caso Convenios. Se analiza si funcionarios de gobierno y del Ministerio de Vivienda incumplieron el mandato legal de denunciar irregularidades en los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
El cierre de la investigación sin cargos
El fiscal adjunto de Antofagasta, Cristian Aguilar, ha decidido poner fin a la arista de la investigación conocida como «omisión de denuncia». En su solicitud de cierre, el fiscal argumentó que no se encontraron los antecedentes necesarios para formular una acusación por este delito, sancionado por el artículo 175 del Código Procesal Penal.
La decisión de no perseverar en el procedimiento será informada en una audiencia que se realizará el 17 de febrero, a solo siete días de la aprobación del desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco del caso Democracia Viva.
Los cuestionamientos a las autoridades
Desde el inicio del caso Democracia Viva, diferentes autoridades de gobierno han sido cuestionadas por su actuación. Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, fue señalada por no haber tomado medidas ante las advertencias de vínculos entre la diputada Catalina Pérez y la ONG liderada por Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Según la defensa de Rojas, ella activó medidas y elaboró un informe sobre la situación en la Región de Antofagasta, el cual habría entregado al ministro de Vivienda. En el caso de Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, se le cuestionó por haberse enterado tarde de los convenios y por haber calificado la situación de «rumor». El ministro Carlos Montes también ha generado dudas sobre el momento en que tuvo conocimiento de la denuncia por Democracia Viva.
A pesar de los cuestionamientos, el fiscal Aguilar ha concluido que no existen los suficientes antecedentes para formular acusaciones por omisión de denuncia. Sin embargo, la causa podría reabrirse si aparecen nuevos y relevantes antecedentes en el futuro.