La Contraloría General de la República emitió un nuevo instructivo que regula el uso de gastos reservados en Chile, dejando sin efecto el anterior instructivo vigente desde 2003. Esta actualización surge como respuesta al escándalo protagonizado por el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hizo un uso irregular de estos fondos.
El nuevo instructivo establece directrices más estrictas para el manejo de los gastos reservados, limitando su disposición a ciertos organismos como la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, y las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y la ANI.
Una de las principales modificaciones es la obligación de las entidades autorizadas de identificar las unidades operativas encargadas de manejar estos fondos a través de resoluciones reservadas. Estas resoluciones deberán ser remitidas a la Contraloría, lo que permitirá un mayor control sobre quiénes acceden a los gastos reservados.
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Además, se establece la obligación de las jefaturas responsables de presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), en línea con la Ley de Probidad en la Función Pública. Esto busca prevenir conflictos de interés y mejorar la transparencia en el uso de estos fondos.
Otro cambio importante es la exigencia de rendir caución para el manejo de los gastos reservados, lo que busca evitar malversaciones y asegurar la responsabilidad financiera de quienes administran estos fondos.
Asimismo, se requerirá a las jefaturas proporcionar información detallada sobre el uso de los gastos reservados para la elaboración de informes semestrales y un consolidado anual, que serán remitidos a la Contraloría General.
Estas medidas responden al impacto del escándalo protagonizado por Manuel Monsalve y buscan fortalecer la supervisión y transparencia en el manejo de estos recursos. Con este ajuste normativo, la Contraloría busca garantizar un mejor control y fiscalización de los gastos reservados, que debido a su naturaleza, han sido históricamente difíciles de auditar.
La actualización normativa establece directrices claras y rigurosas para el manejo de los gastos reservados, garantizando que solo entidades autorizadas puedan disponer de ellos y estableciendo medidas de control financiero y transparencia. Se espera que estas nuevas medidas contribuyan a prevenir el uso indebido de estos fondos y a fortalecer la probidad en la función pública.
