El Juzgado de Garantía de Los Vilos, en la región de Coquimbo, ha revocado la prisión preventiva para varios miembros del Tren de Aragua, dentro del marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares. Esto se ha llevado a cabo tras una apelación de la Fiscalía a la resolución original. Sin embargo, esta decisión había sido cuestionada por el Gobierno, especialmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
¿Qué se sabe sobre la decisión de revocar la prisión preventiva para los miembros del Tren de Aragua?
El tribunal había establecido una fianza de $5 millones que permitía a los acusados quedar en arresto domiciliario, con firma mensual y arraigo nacional.
La determinación de la Corte de Apelaciones
La resolución otorgaba la libertad a cuatro miembros del Tren de Aragua, mientras que uno de ellos no pudo pagar la fianza. Estos individuos habían sido detenidos en noviembre del 2023 por la comisión de delitos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Se les imputan cargos de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.
La Fiscalía Regional de Coquimbo ha informado que, tras la apelación presentada, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió los planteamientos y revocó la decisión del Juzgado de Garantía. Además, se ha dispuesto una investigación administrativa respecto a las circunstancias ocurridas en la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Las declaraciones de Carolina Tohá
La ministra Carolina Tohá expresó su preocupación por la decisión de revocar la prisión preventiva para los miembros del Tren de Aragua. Aunque el Gobierno respeta la labor de los órganos autónomos, resulta difícil entender esta decisión considerando los antecedentes y el historial de los implicados en casos similares. La secretaria de Estado confía en que la apelación de la Fiscalía permita revertir la decisión y que las personas en cuestión sean encontradas y privadas de libertad nuevamente.
En conclusión, la revocación de la prisión preventiva para los miembros del Tren de Aragua ha generado controversia y preocupación por parte del Gobierno. La Fiscalía está apelando la decisión, esperando que se tomen las medidas necesarias para prevenir posibles fugas.
