Este jueves, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur llevó a cabo un allanamiento en la oficina principal de la Autopista Central, ubicada en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación de multas del TAG. El operativo, realizado por el equipo del OS-9, tuvo como objetivo incautar documentos, correos electrónicos y otros antecedentes relevantes para la causa.
Funcionarios formalizados y delitos imputados
La investigación se centra en ocho funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja, quienes han sido formalizados y actualmente se encuentran en prisión preventiva. Según el fiscal Christián Toledo, los delitos que se investigan incluyen la falsificación de instrumentos públicos y el cohecho, relacionados con hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
Irregularidades en las notificaciones
Uno de los aspectos clave de la investigación es la forma en que se realizaban las notificaciones de cobros de multas del TAG. El fiscal Toledo explicó que algunos funcionarios registraban haber notificado a deudores en diferentes comunas de la Región Metropolitana a la misma hora, lo cual es físicamente imposible. Por ejemplo, indicaban estar en San Bernardo y Colina a las 9 de la mañana simultáneamente.
El fiscal también reveló que estos funcionarios recibían una remuneración adicional por cada notificación realizada, que en promedio era de 30 mil pesos. Esto incentivaba a algunos a realizar múltiples notificaciones, generando ingresos significativos a partir de este sistema fraudulento.
Motivaciones y procedimientos irregulares
Toledo aclaró que los pagos por las notificaciones eran realizados directamente por la concesionaria a los funcionarios, y no al juzgado, lo que añade una capa de irregularidad al proceso. Además, muchos de los deudores de TAG no se enteraron de las notificaciones debido a la mala práctica en el procedimiento.
La investigación también incluye la creación de expedientes y oficios falsos, así como registros de notificaciones que no se habrían llevado a cabo. La imputación por cohecho está relacionada con la obtención de información que los funcionarios no podían conseguir sin una causa legalmente tramitada.
Próximos pasos en la investigación
Con los antecedentes recopilados, el allanamiento en la Autopista Central busca incautar evidencia digital, como correos electrónicos y cualquier otro dato informático que pueda contribuir a la investigación. El teniente Felipe Cortéz Aburto, del departamento OS-9 de Carabineros, indicó que se está realizando un levantamiento del secreto bancario de los involucrados para analizar el monto total que podría estar implicado en el fraude.
Por el momento, la Fiscalía ha confirmado la implicación de estos ocho funcionarios, aunque no se descartan nuevas diligencias que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación.