La rebaja de condenas a violadores y abusadores de niños, propuesta por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha desatado un fuerte debate dentro del oficialismo. Esta controversia se intensificó tras las críticas del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien cuestionó la justificación del Ejecutivo para implementar esta medida.
Larraín, quien fue el impulsor de la ley que en 2022 excluyó a condenados por abusos sexuales contra menores del beneficio de rebaja de penas, enfatizó que la postura de Rabat se basa en una supuesta “doctrina de la Corte Suprema”. Sin embargo, el ex titular de Justicia contradijo esta afirmación, señalando que la jurisprudencia de la Corte ha cambiado, y que la rebaja de condena no se aplica a condenados antes de la vigencia de la ley, en resguardo de la niñez.
Reacciones en el oficialismo
La declaración de Larraín fue interpretada por el senador Arturo Squella como una traición a La Moneda. En redes sociales, Squella recordó los vínculos de Larraín con Paul Schäfer, el líder de Colonia Dignidad, sugiriendo que la ley habría sido beneficiosa en esa época. Esto provocó una respuesta de Luciano Cruz-Coke, presidente de Evopoli, quien instó a Squella a mantener la prudencia y no ventilar disputas internas públicamente.
Defensa de Fernando Rabat
A pesar de las críticas, Squella continuó defendiendo a Rabat, acusando a Larraín de contribuir a una narrativa engañosa que pinta al ministro como promotor de beneficios para criminales. “No se puede dejar pasar”, afirmó el senador de Republicanos, reafirmando su apoyo al actual ministro de Justicia.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentran condenados por delitos graves, lo que ha generado aún más controversia y discusión sobre la efectividad y moralidad de la rebaja de penas.