La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido blindar los teléfonos del exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, del senador de la UDI, Sergio Gahona, y del abogado Darío Calderón, en el contexto de la investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con la entrega de servicios de alimentación escolar a la Junaeb. Esta resolución se tomó tras acoger los recursos de amparo presentados por las defensas de los involucrados.
Detalles del fallo
En su fallo, la Corte estableció que la extracción y análisis del contenido de los teléfonos podrá continuar, pero bajo ciertas condiciones. Se especificó que:
- El Ministerio Público tiene un plazo de 90 días para realizar el análisis.
- La prórroga de este plazo solo se podrá solicitar una vez, y deberá ser justificada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
- Se ordenó la eliminación de cualquier información extraída que no sea pertinente a la investigación.
Además, se determinó que el Ministerio Público solo podrá utilizar información que esté directamente relacionada con los hechos investigados hasta que se celebre la audiencia correspondiente. La información no relacionada no podrá ser examinada más allá de lo necesario para su identificación.
Controversias en el tribunal
La revisión de los amparos incluyó un elemento polémico: la inhabilitación de la ministra Carolina Brengi para revisar el caso de Darío Calderón. El ministro Rodrigo Carrasco, quien reemplazó a Brengi, fue quien fijó el voto de minoría, argumentando que las resoluciones impugnadas no presentaban ilegalidades y que se habían dictado en el marco de un proceso legalmente tramitado.
El voto disidente señaló que no se evidenciaba cómo lo resuelto podría amenazar la libertad personal o la seguridad individual de los amparados, lo que es fundamental para la acción deducida.
Próximos pasos para el Ministerio Público
El Ministerio Público tiene un plazo de 5 días para apelar la decisión de la Corte de Apelaciones, lo que podría llevar el caso a revisión en la Corte Suprema. La situación en torno al acceso a los teléfonos en este tipo de investigaciones sigue siendo un tema complicado y controvertido.