La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha generado controversia al referirse a la reciente decisión del Ministerio de Justicia que permitió la rebaja de condenas a 56 violadores y abusadores de niños. Chevesich afirmó que la responsabilidad de esta medida recae en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien dictó los decretos correspondientes.
En declaraciones a la prensa, Chevesich indicó que no se pronunciaría sobre la materia, enfatizando que las decisiones de la Corte Suprema se analizan caso a caso. “Tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia”, comentó, dejando claro que esta labor corresponde a los estudiosos del derecho.
Defensa del Ministro de Justicia
Por su parte, el ministro Rabat defendió la entrega de beneficios a los condenados, argumentando que la reforma legal de 2022 excluye a quienes han sido condenados por delitos sexuales de recibir tales beneficios. Sin embargo, aclaró que esta reforma no puede aplicarse de manera retroactiva, ya que eso iría en contra de un principio constitucional.
“Desde esa perspectiva, hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”, explicó Rabat, quien también destacó la importancia de los proyectos de ley presentados por parlamentarios para abordar este vacío legal.
Reacciones y Consecuencias
La situación ha generado un amplio debate en la sociedad chilena, donde diversas voces han criticado la decisión del Ministerio de Justicia. La diputada Paulina Núñez expresó que este tema no puede seguir dependiendo de la decisión de un ministro y debe ser abordado con mayor seriedad en la legislación.
La controversia pone de manifiesto la tensión entre la aplicación de la ley y los derechos de las víctimas, así como la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas relacionadas con la justicia penal en Chile.