Una reciente investigación de Reportajes Teletrece ha revelado que al menos cuatro diputados en ejercicio y un excongresista, que dejó su cargo en marzo de 2026, figuraron como inscritos en el Dispensario Nacional en 2025 para recibir tratamientos con cannabis. Esta situación se da en el contexto de la promulgación de la Ley 21.575, conocida como “Ley Anti-Narco”, que autorizó el uso de medicina cannábica para diversas patologías.
La ley, aprobada en 2023 bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, buscaba reducir la persecución penal hacia pacientes que cultivaban su propia marihuana, pero ha generado controversias debido a su implementación y los vacíos legales que han permitido abusos. Según la investigación, el Dispensario Nacional, encargado de entregar medicamentos derivados del cannabis, ha sido intervenido por la policía tras operativos que revelaron un uso indebido de la normativa.
Operativos y detenciones
El 13 de agosto pasado, se llevaron a cabo allanamientos en la casa matriz del Dispensario Nacional en Las Condes, donde se incautaron drogas con altos niveles de THC, así como documentos y recetas médicas. En total, se identificaron a 16 mil usuarios en el sistema, entre los cuales se encontraban los mencionados parlamentarios. Las dosis prescritas variaron entre 20 a 65 gramos de cannabis cada 30 días, según lo indicado por sus médicos.
Cuestionamientos sobre la transparencia
La revelación de que parlamentarios están inscritos en un sistema que regula el uso de cannabis ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la ética en el ejercicio de sus funciones. Entre las preguntas planteadas se encuentran:
- ¿Debieron informar esta situación a la Corporación?
- ¿Es válido que estén sometidos a un tratamiento a base de marihuana mientras tramitan leyes relacionadas con el consumo de cannabis?
- ¿Debieron inhabilitarse para votar en iniciativas que afectan su situación personal?
A pesar de las consultas realizadas por Reportajes Teletrece a los parlamentarios involucrados, estos optaron por no emitir declaraciones sobre su relación con el Dispensario Nacional. La situación pone de relieve la necesidad de un debate público sobre los posibles conflictos de interés en torno a la legislación del cannabis, especialmente tras los recientes operativos que han expuesto el mal uso de la ley.