La Defensoría de la Niñez ha manifestado su rechazo a la reciente decisión del Ministerio de Justicia, que otorgó rebajas de condena a 56 violadores y abusadores de niños. Ante esta situación, el organismo solicitará antecedentes al ministro Fernando Rabat para modificar el criterio histórico de la cartera, que anteriormente denegaba la concesión de beneficios en estos casos.
La Defensoría enfatizó que la modificación de la ley en 2022 excluye a los condenados por ciertos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de recibir tales beneficios. En este contexto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, destacó la necesidad de una explicación clara por parte del Ministerio de Justicia sobre las razones detrás de estas rebajas y las medidas que se están implementando para proteger a las víctimas.
Reacciones y preocupaciones
Quesille expresó que “estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia”. Agregó que “detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación”. Enfatizó que el Estado tiene un deber reforzado de resguardar estos derechos y debe actuar con rigurosidad al tomar decisiones que puedan reducir el tiempo de privación de libertad de quienes han sido condenados por estos graves delitos.
Contexto legal y administrativo
La controversia surge en un momento en que el exdiputado Gonzalo Arenas ha criticado la administración actual, acusando que el Gobierno está autorizando rebajas de penas por vía administrativa, a diferencia de las gestiones anteriores de Gabriel Boric y Sebastián Piñera. Arenas afirmó que estas decisiones facilitan la vida a los delincuentes, lo que ha generado un debate sobre la relación entre el sistema político y judicial en el país.