Nuevos testimonios han salido a la luz en la investigación sobre la presunta secta Cahuala en Chiloé, revelando prácticas abusivas en el Colegio Cahuala, ubicado en Castro. Exprofesoras y miembros del equipo directivo han denunciado que Enrique Urrutia Aburto, conocido como «El Jefe», lideraba reuniones donde las docentes debían relatar sus experiencias sexuales bajo el pretexto de alcanzar un «desarrollo personal».
Las acusaciones surgen en un contexto donde Urrutia y su pareja, María Alejandra Pinto Martínez, fueron formalizados por delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Una de las denunciantes, identificada como «Tamara» (nombre protegido), trabajó durante 14 años en el colegio y expone que estas dinámicas se llevaban a cabo en instancias de coordinación escolar, afectando incluso a docentes ajenas a la comunidad Cahuala.
Relatos de abuso y manipulación
Según el testimonio de Tamara, en una de estas reuniones, todas las profesoras debían compartir detalles de sus primeras experiencias sexuales. «Era bien raro, porque yo miraba a las otras profesoras que no eran de la comunidad Cahuala y me preguntaba: ¿Por qué tenían que contar esta situación tan íntima?», relató. Este tipo de encuentros, según ella, funcionaban como un mecanismo de subordinación psicológica, donde se promovía la idea de que Urrutia sabía mejor lo que era bueno para cada uno.
Gloria Rodríguez, quien fue profesora y parte de la directiva del colegio durante dos décadas, también confirmó estas presiones sobre la vida personal de los docentes, describiendo una «profunda asimetría» en las sesiones donde el personal exponía su vida privada sin conocer lo que realmente sucedía en la cúpula del colegio. Rodríguez denunció estas prácticas en un escrito titulado “El mando oculto del Colegio Cahuala”.
Respuesta de la administración del colegio
Ante las acusaciones, la administración del Colegio Cahuala, a través de su directora subrogante, Claudia Mancilla, rechazó las irregularidades en su funcionamiento. En una declaración escrita, afirmaron que operan como una comunidad formativa autónoma, regida por la normativa del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación. Además, aseguraron que la representación legal actual no recae en María Alejandra Pinto y que la institución no está vinculada a procesos judiciales de carácter criminal.
Estas denuncias han generado un amplio debate sobre el manejo de instituciones educativas y la protección de los derechos de los trabajadores, así como la necesidad de una mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes.