María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años, fue desalojada de su departamento en Madrid, donde vivió desde 1956, generando una fuerte conmoción social. El desalojo se llevó a cabo en medio de protestas de cientos de personas que intentaron impedir la acción, la cual se realizó el 23 de septiembre de 2026.
La adulta mayor, que presenta discapacidad y movilidad reducida, recibió solo 30 minutos para sacar sus pertenencias del inmueble. Salió del lugar en camilla, escoltada por agentes antidisturbios, mientras los manifestantes la apoyaban con gritos como “Maricarmen, no estás sola” y “asesinos”. Tras el desalojo, fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Contexto del desalojo
El desalojo de Maricarmen culminó una disputa legal que se prolongó durante varios meses, tras la venta del departamento a un fondo de inversión. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien se pronunció sobre el caso, afirmó que la mujer nunca dejó de pagar el alquiler y que su deseo era “morirse en su casa tranquila”.
El contrato de arriendo, que había pasado de su madre a ella, se volvió problemático cuando la propiedad fue adquirida por Urbagestión Desarrollo e Inversión. La empresa cuestionó la capacidad de Maricarmen para continuar con el contrato anterior, lo que llevó el caso a los tribunales.
Decisión judicial y condiciones del arriendo
En marzo de 2026, el Tribunal Supremo español falló a favor de la propiedad, validando el cambio del contrato de arriendo. Maricarmen pagaba aproximadamente 500 euros al mes (equivalente a $542 mil pesos chilenos), pero la nueva propuesta de la empresa era de 1.650 euros (más de $1.709.000 pesos chilenos), un monto que la mujer no podía asumir.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, intentó obtener más tiempo para que la mujer pudiera encontrar una alternativa habitacional, pero las propuestas fueron rechazadas por la propiedad.
Reacciones y críticas a las autoridades
El caso de Maricarmen llegó a oídos del presidente de España, Pedro Sánchez, quien se pronunció desde Nueva York, donde participaba en la cumbre de la ONU. Sánchez calificó el desalojo como “una tragedia social que no podemos aceptar” y criticó la falta de acción de las administraciones locales en la protección de personas vulnerables en el ámbito de la vivienda.
El desalojo de María del Carmen Abascal ha puesto de relieve la creciente preocupación por la situación de las personas mayores y vulnerables en España, así como la necesidad de políticas más efectivas para proteger sus derechos en el contexto de la vivienda.