Un reciente estudio realizado por la Universidad Diego Portales ha generado preocupación entre los conductores de aplicaciones y las empresas del rubro, ya que señala que alrededor de 100 mil conductores podrían quedarse sin trabajar cuando entre en vigor el reglamento de la Ley Uber, el cual debe ser ingresado antes del 19 de enero a la Contraloría.
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La normativa, de la cual se ha difundido un borrador, impondría requisitos más estrictos para los conductores de aplicaciones. En concreto, se exigiría que los conductores cuenten con una licencia profesional, además de utilizar vehículos con motores de un mínimo de 1.4 y con una antigüedad máxima de siete años. Además, seis meses después de la promulgación del reglamento, el registro que contiene los conductores inscritos quedaría congelado durante 18 meses.
Preocupación en el gremio de las aplicaciones
El gremio de las empresas de aplicaciones, representado por Alianza In, ha advertido sobre los potenciales efectos negativos que la entrada en vigor de esta normativa podría tener en el sector. Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In, destacó que esta medida impactaría significativamente en las regiones, donde el parque vehicular suele ser más antiguo. En particular, resaltó que el 92% de las conductoras no posee una licencia de conducir profesional.
Sabat enfatizó que, al analizar las regiones de Arica e Iquique, cerca del 90% de los vehículos no cumplen con los requisitos de año de fabricación y cilindrada. Además, el 90% de los conductores tampoco cuenta con una licencia profesional. Esto plantea desafíos significativos en términos de implementación y contenido del reglamento.
Impacto en el transporte público y el empleo
Si bien se reconoce que la ley busca mejorar la calidad del servicio para los usuarios y colaboradores, desde Alianza In advierten que el proceso debe ser abordado con cautela. Se destacan los posibles efectos adversos, especialmente en el transporte público, ya que se revelarán deficiencias en rutas y segmentos que actualmente son cubiertos por las aplicaciones para llegar desde lugares periféricos hasta las estaciones de metro.
Además, se advierte que dejar fuera del sistema a quienes no cumplan con los nuevos requisitos podría aumentar el desempleo en el país en al menos medio punto. Por lo tanto, se hace un llamado a repensar la aplicación del reglamento, considerando las particularidades de cada región y los posibles impactos en el empleo y la movilidad.
La entrada en vigencia de la Ley Uber y su reglamento sigue siendo un tema de debate y discusión en Chile, con múltiples actores interesados en garantizar una implementación equitativa y efectiva.
