Un estudio de Acción Educar ha revelado que la gratuidad en educación superior en Chile ha generado un déficit acumulado de $1,855 billones (US$ 1.927 millones) en las instituciones adscritas entre 2016 y 2025. Este déficit se debe a la diferencia entre los aranceles regulados por el Estado y los aranceles reales que cobran las instituciones educativas.
El informe se publica en un contexto de discusión sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Según Javiera Pavisic, investigadora de Acción Educar, el déficit se explica principalmente por la insuficiencia del arancel regulado, que no refleja los costos actuales de impartir una carrera y que limita el cobro en los primeros seis deciles de ingresos, además de restringirlo para los deciles 7, 8 y 9.
Impacto en la matrícula y el gasto fiscal
Desde su implementación en 2016, la gratuidad ha aumentado el número de beneficiarios de un 11,6% al 46,2% en 2025, alcanzando a 613.227 estudiantes. Las instituciones adscritas también han crecido, pasando de 30 a 68, lo que ha cuadruplicado el gasto fiscal en términos reales, alcanzando $2.225 miles de millones el año pasado.
Deserción estudiantil y costo fiscal
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la alta tasa de deserción. Se estima que 272.508 estudiantes que recibieron gratuidad durante al menos un año entre 2016 y 2023 abandonaron sus estudios, lo que representa un gasto fiscal de aproximadamente $1,6 billones en trayectorias que no culminaron en un título.
Francisca Espinoza, directora de Estudios de Acción Educar, señala que el problema radica en el diseño y tamaño de la gratuidad. Critica que el Estado fija de manera discrecional el valor de cada carrera, sin considerar los costos reales de calidad e innovación, lo que limita la autonomía de las instituciones educativas y las hace dependientes del financiamiento estatal.
Además, Espinoza destaca que financiar el acceso sin incentivos para completar los estudios genera un costo fiscal considerable que no se está evaluando adecuadamente. La situación actual plantea la necesidad de corregir el sistema de gratuidad para asegurar que los recursos públicos se traduzcan en el cumplimiento de los objetivos de la política educativa.