El fiscal de Las Condes, Manuel Zará, está a cargo de investigar las responsabilidades penales relacionadas con el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo el 8 de octubre. Casi un mes después del desastre, Zará se encuentra recopilando información sobre cómo las instituciones, como la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Obras Públicas, se organizaron para prever y mitigar este tipo de emergencias.
Detalles de la investigación
La investigación se inició tras la denuncia de siete personas que resultaron heridas durante el aluvión. Zará enfatiza que, al recibir la denuncia, están obligados a investigar. Se están considerando alertas previas que advertían sobre el riesgo de aluviones en la zona, especialmente después de los incendios forestales que afectaron la vegetación.
- Un informe de Sernageomin del 11 de febrero alertó sobre el alto riesgo de aluviones.
- El 24 de junio, la Municipalidad de Las Condes presentó un proyecto para mitigar el riesgo aluvional.
El fiscal Zará ha señalado que estos antecedentes son cruciales para determinar si hubo un incumplimiento de deberes por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, advierte que la investigación es compleja y no necesariamente resultará en imputaciones penales.
Posibles delitos y responsabilidades
La principal hipótesis que se investiga es un posible cuasidelito de lesiones. Zará explica que la estructura penal en este caso es similar a investigaciones anteriores por catástrofes naturales, donde se indagó sobre omisiones en el deber de actuar de las autoridades. La investigación busca establecer si las autoridades, tanto electas como designadas, cumplieron con sus responsabilidades de prever y mitigar el impacto del aluvión.
El fiscal también ha mencionado que, aunque aún están en la fase de recopilación de información, podrían citar a declarar a autoridades si se determina que tienen responsabilidad en el caso. Sin embargo, aclara que aún están lejos de esa etapa.
Desafíos en la investigación
Zará destaca que las investigaciones de esta naturaleza son complicadas, ya que es necesario determinar si hubo un incumplimiento total o parcial de los deberes. Esto implica analizar si era posible exigir cumplimiento de las medidas de mitigación antes del desastre. La investigación incluye la revisión de documentación interna de las instituciones involucradas, como correos y resoluciones, para entender cómo se organizaban para enfrentar este tipo de emergencias.
El fiscal también considera relevante la decisión de Senapred de no emitir una alerta SAE, ya que esto podría influir en la responsabilidad de las autoridades. La investigación se centrará en determinar si hubo un incumplimiento de deberes que haya contribuido a las lesiones sufridas por las personas afectadas.
Finalmente, Zará asegura que el objetivo es dar una respuesta clara a la comunidad sobre si hubo o no un incumplimiento por parte de las autoridades, lo que podría tener implicaciones en la atribución de responsabilidades por el aluvión.