Este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella en contra de Maritza Claudia Pacheco Bartra, funcionaria del GORE, a quien se le acusa de desfalcar $142 millones mediante la simulación de un proveedor ficticio. Pacheco, quien se desempeñaba como analista de la Unidad de Tesorería, tenía como responsabilidad la inscripción de proveedores y la generación de nóminas de pago.
Detalles del fraude
La querella también incluye a Juan Pablo Vargas Miranda, representante de la empresa Fibronorte SpA, que recibió los fondos sin tener contratos ni estar registrada como proveedora. Según la denuncia, el 29 de enero de 2025, Pacheco ingresó a Fibronorte en la plataforma de pagos del GORE, registrando una cuenta bancaria del Banco Santander y un correo electrónico que posteriormente se descubrió que no existía.
Ese mismo día, Pacheco generó un pago por $142.287.308, incluyéndolo en una nómina junto a otras transacciones. Dos horas después, envió un correo a los funcionarios encargados de autorizar los pagos, lo que facilitó la transferencia de dinero a la cuenta de Fibronorte.
Alteraciones y descubrimiento del fraude
Tras el pago, Pacheco alteró los datos de Fibronorte en el sistema de pagos del GORE para dificultar la trazabilidad del fraude. Cambió la entidad bancaria destinataria y el número de cuenta, además de modificar el domicilio de la empresa, inscribiendo la misma dirección del GORE metropolitano. La irregularidad fue detectada por Alfonso Vallejos Núñez, encargado de la Unidad de Contabilidad, quien no encontró antecedentes que justificaran el pago.
Como resultado, se inició un proceso disciplinario contra Pacheco, quien fue desvinculada de su cargo, y se abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. Isabel Chamorro, jefa jurídica del GORE RM, indicó que la querella es una consecuencia de los mecanismos de control internos y que se han realizado peritajes que confirman los ilícitos.
Implicaciones legales y próximas acciones
En la querella, Orrego sostiene que existió un “concierto previo” entre Pacheco y Vargas para desviar recursos públicos hacia la empresa ficticia. Se acusa a Vargas de haber retenido los fondos en lugar de devolverlos, y hasta el momento, el dinero no ha sido restituido. La denuncia también menciona la emisión de “facturas ideológicamente falsas” por servicios no prestados.
El gobernador ha solicitado que la Brigada del Cibercrimen de la PDI investigue los hechos y que se tomen declaraciones a los involucrados. Además, pidió el alzamiento del secreto bancario de Pacheco, Vargas y Fibronorte.