La comunidad de Cahuala, situada en la isla de Chiloé, se encuentra bajo una investigación penal por presuntos delitos de abuso sexual reiterado, trata de personas con fines de explotación laboral y asociación ilícita. Este caso ha surgido a raíz de los testimonios de exintegrantes que denuncian un control coercitivo ejercido por su líder, Enrique Urrutia, y su pareja, María Pinto. La audiencia de formalización de ambos se realizó en octubre de 2026, tras haber sido postergada en dos ocasiones.
Delitos investigados
Los antecedentes judiciales revelan que las acusaciones incluyen:
- Conductas de abuso sexual reiterado.
- Explotación laboral de miembros de la comunidad.
- Control de las relaciones afectivas y sexuales entre los integrantes.
Las denuncias se centran en hechos ocurridos entre 1999 y 2015, donde se mencionan abusos sexuales, incluso contra menores de edad. Un exintegrante, que no forma parte de la querella, relató que Urrutia habría intervenido en la vida personal de los miembros, determinando encuentros entre hombres y mujeres y estableciendo reglas restrictivas sobre las relaciones de pareja y la crianza de los hijos.
Condiciones laborales y económicas
Los denunciantes también han señalado condiciones laborales abusivas, donde algunos integrantes habrían trabajado durante años bajo contratos que no les permitían disponer libremente de sus ingresos. Según el abogado de los querellantes, las personas involucradas recibían una mesada de aproximadamente $40 mil mensuales, mientras que el control de los recursos económicos estaba en manos de Urrutia y Pinto. Además, se ha denunciado que las jornadas laborales eran extenuantes y que los miembros debían entregar sus remuneraciones.
Controversias legales
Un punto de discusión en el caso es el tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y la formalización de la investigación. El abogado de uno de los imputados argumentó que, dado que los hechos habrían ocurrido hasta 2015, la acción estaría prescrita. Sin embargo, el abogado de la parte querellante sostiene que el tribunal ha acogido su postura sobre la improcedencia de la prescripción con los antecedentes presentados.
Este proceso judicial se encuentra en curso y, al finalizar, los involucrados podrían ser declarados inocentes o los cargos podrían ser desestimados según el mérito del caso. Conforme a la legislación chilena, ninguna persona será considerada culpable hasta que se emita una sentencia firme.