La diputada Irací Hassler (PC) ha interpuesto una demanda en contra del fisco y la Contraloría General de la República, buscando la anulación de un sumario administrativo que la señala como responsable de la fallida compra de la clínica Sierra Bella, realizada durante su gestión como alcaldesa de Santiago. La acción judicial fue publicada por La Tercera.
Hassler argumenta que los fundamentos de la resolución de la Contraloría son contradictorios y presentan serios vicios de ilegalidad, lo que justificaría su nulidad. En el sumario se establece que la ex alcaldesa infringió el principio de probidad administrativa al autorizar la compra de inmuebles en calle Sierra Bella N°1.181 y Ventura Lavalle N°431 por un monto de $8.248.886.210, cuando la vendedora los adquirió seis meses antes por $2.231.855.090. Se le acusa de no haber tomado las medidas necesarias para justificar esta diferencia de precios y de no haber sometido el decreto a control de legalidad.
Argumentos de la demanda
En su presentación, Hassler sostiene que la Contraloría, dirigida por Dorothy Pérez, cometió errores jurídicos al establecer responsabilidades en un caso que debería ser tratado en el ámbito penal. Además, la parlamentaria enfatiza que se realizaron tres tasaciones comerciales independientes y que se entregaron todos los antecedentes relacionados con el avalúo fiscal y el estudio de títulos.
La diputada también subraya que no se ha demostrado un perjuicio patrimonial efectivo para la municipalidad de Santiago, dado que no hubo transferencia de recursos en la fallida compraventa. Asimismo, menciona que no existe normativa que regule cómo proceder en caso de no contar con un abogado externo para llevar a cabo una contraventa.
Implicaciones políticas y administrativas
La demanda de Hassler se enmarca en un contexto en el que se cuestiona la gestión de la Contraloría y su papel en la fiscalización de las acciones de los funcionarios públicos. La resolución del sumario ha generado un debate sobre la responsabilidad administrativa y los límites de la fiscalización en el ámbito municipal.
La ex alcaldesa ha manifestado que la situación ha sido utilizada políticamente en su contra, lo que añade una capa de complejidad a la discusión sobre la transparencia y la probidad en la gestión pública. La resolución de esta demanda podría sentar un precedente en la relación entre la Contraloría y los funcionarios electos.