La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de correos que indican que delegó la redacción de fallos judiciales a la abogada Damaris Silva durante casi 20 años. Según una demanda laboral publicada por La Tercera, Aguirre habría pagado a Silva $300 mil mensuales por este trabajo, lo que infringe las normas éticas y de imparcialidad que rigen a los jueces.
Los correos intercambiados entre Aguirre y Silva, que datan desde 2012 hasta 2026, muestran que la magistrada no solo encargaba la redacción de sentencias, sino que también proporcionaba instrucciones específicas sobre cómo resolver ciertos casos. En uno de los correos más recientes, enviado en octubre de 2023, Aguirre solicitó a Silva que trabajara en la redacción de fallos, indicando: “Ojalá pudieras hacerlo y enviarlo para revisar y hacer llegar a los ministros del acuerdo antes de la fecha de lectura”.
Detalles de la relación laboral
El vínculo laboral entre Aguirre y Silva finalizó en mayo de 2023, luego de que Silva solicitara un aumento de sueldo. Posteriormente, Silva desistió de la demanda tras alcanzar un acuerdo por $17 millones. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha solicitado un informe a Aguirre para determinar si Silva redactaba las sentencias o si solo se limitaba a transcribirlas.
Implicaciones éticas y legales
Delegar la redacción de fallos a terceros plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética judicial. La Corte deberá esclarecer la situación antes de decidir si corresponde iniciar una investigación sumaria contra Aguirre. Este caso resalta la importancia de mantener la integridad en el sistema judicial, garantizando que las decisiones sean tomadas exclusivamente por los jueces.