Los ocho Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Puente Alto iniciaron un paro indefinido el pasado viernes, en respuesta a una serie de hechos violentos ocurridos en el sector de Bajos de Mena. Los funcionarios de salud han manifestado su preocupación por la falta de medidas de seguridad adecuadas y la ausencia de personal policial, lo que ha generado un ambiente de inseguridad en los recintos.

Publicidad

La movilización se desencadenó tras una balacera ocurrida la noche del miércoles en las cercanías del Cesfam Raúl Silva Henríquez, donde al menos cinco personas resultaron heridas por disparos. Este incidente llevó a la suspensión de atenciones en el recinto durante el jueves. Además, el Cesfam Carol Wojtyla, también en Bajos de Mena, recibió a otra persona herida por un disparo en la madrugada del viernes, lo que intensificó las preocupaciones de los trabajadores sobre la falta de protección policial.

Demandas de los funcionarios

Los funcionarios exigen:

  • Mayor presencia policial permanente en los Cesfam.
  • Implementación de medidas de seguridad efectivas.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, criticó la falta de resguardo en los centros asistenciales, señalando que la ausencia de personal policial ha contribuido a la sensación de inseguridad entre los trabajadores. Agradeció la llegada de Carabineros de la 66° Comisaría, pero enfatizó que es responsabilidad del ministro de Seguridad asignar un punto fijo en los recintos.

Publicidad

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que se han tomado medidas para proteger los recintos de salud. Según el ministro, se han comprometido rondas específicas y se ha asignado un radiopatrullas a cada Cesfam para realizar patrullajes. Arrau también mencionó que la respuesta policial ante la balacera del miércoles fue rápida y efectiva.

A pesar del paro, los funcionarios han mantenido turnos éticos para garantizar la entrega de alimentación necesaria a los pacientes. El ministro Arrau indicó que se evaluarán nuevas medidas de protección tras las insistencias de los trabajadores sobre la inseguridad que enfrentan al atender a la comunidad.