Los parlamentarios de la oposición, Daniela Serrano (PC), Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), presentaron este miércoles una denuncia criminal ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, por el acceso irregular al Sistema de Inteligencia del Estado. Esto se produce tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien afirmó que los disturbios del 18 de octubre de 2019 fueron perpetrados por organizaciones de izquierda.
Detalles de la denuncia
Los diputados fundamentaron su denuncia en el artículo 44 de la Ley 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado, donde se establece que el acceso a la información de este sistema es restringido y debe ser tratado con la máxima confidencialidad. Judd, en sus declaraciones, indicó que la información sobre los disturbios fue obtenida a través de análisis realizados por agencias de inteligencia estadounidenses y chilenas.
En su intervención, el embajador mencionó que “la evidencia apunta a que fueron activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios”, lo que generó preocupación entre los parlamentarios, quienes consideran que esto implica un acceso indebido a información sensible por parte de la inteligencia estadounidense.
Consecuencias legales
La denuncia argumenta que la inteligencia estadounidense pudo haber accedido a información secreta proporcionada por funcionarios del Sistema de Inteligencia chileno, lo que contraviene lo establecido en el artículo 38 de la misma ley, que protege la confidencialidad de los datos en poder de estos organismos. Las sanciones por violar esta normativa incluyen penas de presidio menor y, en el caso de funcionarios de alto rango, penas más severas.
- Penas de presidio menor en su grado máximo por violación del secreto.
- Para funcionarios de organismos de inteligencia, penas de presidio mayor en su grado mínimo.
- Inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos en caso de violación del secreto.
Respuesta del embajador Judd
Tras la denuncia, Judd aclaró que sus afirmaciones se basaron en análisis de información proveniente de políticos, académicos y fuerzas policiales chilenas, enfatizando que no se trató de una investigación realizada por su embajada. “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”, afirmó, asegurando que la Embajada de EE.UU. no tiene documentos relacionados con los sucesos de 2019.
Este conflicto ha reactivado tensiones políticas en el Gobierno, especialmente en el contexto de la coordinación entre el Ejecutivo y la Cancillería, lo que podría tener repercusiones en la relación entre Chile y Estados Unidos.