Un poder notarial es uno de los elementos clave en la investigación que involucra al Conservador de Bienes Raíces de Curicó, Eduardo del Campo Vial, quien está imputado por los delitos de estafa y lavado de activos. Este caso se originó a raíz de la denuncia de Ángel Chomalí, un empresario de 87 años, quien alegó haber sido víctima de engaños en la venta de terrenos ubicados en Cerro Cristal, en la región del Maule.
Chomalí sostiene que se transaccionaron diez terrenos por un total de $90 millones, un precio que considera muy por debajo de su valor comercial. Además, afirma que el pago por las parcelas nunca se concretó.
Antecedentes de la investigación
Un aspecto central de la investigación es el papel de Elizabeth Céspedes, quien administraba la empresa de Chomalí y tenía una relación cercana con él. Céspedes está formalizada por administración desleal y estafa, y se le acusa de haber utilizado fondos de la compañía para fines personales, como la compra de un automóvil.
La situación se complica aún más debido a que Céspedes recibió un poder notarial de Del Campo, lo que le permitía actuar en representación del Conservador para adquirir los terrenos de Chomalí. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de las transacciones realizadas.
Desenlace de la transacción
Los terrenos en cuestión, que fueron vendidos por un precio cuestionable, incluyen propiedades con valor significativo, como una que contiene una copa de agua, cuya construcción podría estar valorizada en cerca de $30 millones o más. La denuncia sostiene que el dinero comprometido por la operación nunca fue recibido por Chomalí.
La investigación también ha llevado a la Fiscalía de Curicó a solicitar el levantamiento del secreto bancario de 11 cuentas de Eduardo del Campo, lo que ha sido autorizado por el Juzgado de Garantía. Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) está revisando estas cuentas para determinar si hubo irregularidades financieras.
Este caso ha generado gran interés público, no solo por la naturaleza de los delitos imputados, sino también por las implicaciones que tiene sobre la confianza en las instituciones encargadas de la administración de bienes raíces en Chile. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.
Para más detalles sobre este caso, puedes consultar la nota anterior de Chile Trends.