Ser víctima del robo de un vehículo puede resultar devastador, no solo por la pérdida del bien, sino también por las complicaciones que surgen al intentar recuperarlo. En Chile, varios conductores han denunciado que, tras la recuperación de sus automóviles, estos permanecen en recintos policiales durante semanas e incluso meses, lo que afecta gravemente su capacidad de trabajo y genera costos adicionales.
Casos de demoras prolongadas
Teletrece ha conocido historias de afectados que han tenido que esperar hasta ocho meses para recuperar sus vehículos. Este es el caso de Eduardo Sepúlveda, quien sufrió el robo de su camioneta Foton en San Bernardo el 3 de diciembre de 2025. Aunque el vehículo fue encontrado poco después, desde enero permanece en la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Eduardo ha visitado la comisaría en múltiples ocasiones, recibiendo siempre la misma respuesta: “faltaba el peritaje”. Esta situación ha impactado su trabajo como emprendedor en el rubro de la construcción, obligándolo a arrendar vehículos y pagar fletes.
Otro caso es el de un transportista que recuperó su furgón tras cuatro meses de espera, sin haber sido informado de su hallazgo. La falta de comunicación lo llevó a endeudarse al solicitar un crédito para comprar otro vehículo, lo que complicó aún más su situación financiera.
Impacto en la vida laboral
La espera para recuperar un vehículo puede tener consecuencias significativas para quienes dependen de estos para trabajar. Francisco Michea, un repartidor que fue asaltado el 1 de agosto, relató su experiencia angustiante. Tras ser asaltado, su furgón fue encontrado al día siguiente, pero cinco semanas después aún no podía recuperarlo. Para quienes utilizan automóviles o furgones como herramienta de trabajo, cada semana de espera puede traducirse en menos ingresos y en la necesidad de incurrir en nuevos gastos para reemplazar temporalmente su herramienta de trabajo.
La situación de estos conductores pone de relieve la necesidad de mejorar los procesos de recuperación y devolución de vehículos robados, así como la comunicación entre las autoridades y las víctimas. La falta de información y la prolongación de los plazos para la devolución no solo afectan la economía de los afectados, sino que también generan un gran estrés emocional.