La Cámara de Diputados aprobó el jueves la partida de Salud del presupuesto 2027 con 82 votos a favor y 41 en contra, marcando un avance significativo para el Gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por disputas constitucionales y fracasos en intentos de recortes por parte del Partido Republicano.
Refuerzo a la Ley Ricarte Soto
Uno de los puntos más destacados de la discusión fue la aprobación de una indicación del diputado Carlos Carvajal (PPD) que busca aumentar los recursos destinados a diagnósticos y tratamientos de alto costo, en el marco de la Ley Ricarte Soto. Esta medida fue respaldada por 70 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, el Ejecutivo, a través del ministro de la Segpres, José García Ruminot, expresó su reserva de constitucionalidad, argumentando que el Congreso no puede aumentar el gasto público sin las debidas autorizaciones.
Controversias en Atención Primaria de Salud
La atención primaria también fue un tema candente, ya que los recursos destinados a este sector habían sido rechazados en la Comisión Mixta. Finalmente, se aprobaron los gastos variables del programa de Atención Primaria de Salud (APS) con 69 votos a favor y 63 en contra. No obstante, gremios como Confusam han expresado su preocupación por el congelamiento del aporte per cápita, lo que podría afectar la calidad de atención en salud pública.
Intento de recorte en salud indígena
El Partido Republicano intentó reducir a solo $1.000 las asignaciones del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, pero la propuesta fue rechazada con 85 votos en contra, 40 a favor y cuatro abstenciones. Este intento de recorte fue parte de una serie de indicaciones que buscaban limitar el financiamiento a instituciones vinculadas a la memoria histórica.
Iniciativas adicionales aprobadas
La Cámara también aprobó varias disposiciones que incluyen:
- Priorizar la continuidad de prestaciones para personas autistas.
- Autorizar inversiones de hasta $6.200 millones en equipamiento e infraestructura del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
- Promover la disponibilidad de al menos una cámara hiperbárica operativa por región.
- Financiar iniciativas sanitarias en Tarapacá, incluyendo personal para el Hospital de Alto Hospicio y becas de especialización médica.
Estas propuestas también recibieron reservas de constitucionalidad por parte del Ejecutivo, lo que sugiere que la discusión sobre el financiamiento de la salud pública en Chile continuará generando controversias en el futuro.