El Ministerio de Justicia de Chile ha concedido 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales, lo que ha desatado una fuerte controversia política y social. Estas decisiones se tomaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, con un promedio de una rebaja cada tres días. La oposición, liderada por el Partido Comunista y la bancada PPD-Independientes, ha exigido la identificación de los beneficiados y los fundamentos de estas reducciones.
Detalles de las rebajas de condena
Las rebajas fueron otorgadas de manera administrativa, sin que los condenados recurrieran a tribunales. De las 57 solicitudes analizadas, solo una fue rechazada. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones argumentando que se basaron en la jurisprudencia de la Corte Suprema, aunque esta ha rechazado beneficios similares en el pasado.
Reacciones y críticas
La controversia ha escalado con la oposición pidiendo una interpelación al ministro Rabat. La Defensoría de la Niñez también se ha manifestado en contra, solicitando al Ministerio de Justicia los antecedentes que justificaron el cambio de criterio respecto a la concesión de beneficios. La presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, no respaldó el procedimiento seguido por el ministerio.
- Las rebajas se aplicaron a condenados por abuso sexual de menores y violación.
- La legislación vigente excluye expresamente de la reducción de condenas a quienes cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
- El procedimiento fue realizado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.
La situación ha generado un debate sobre la protección de las víctimas y la aplicación de la ley. La bancada del Partido Comunista ha anunciado su intención de reunir firmas para interpelar al ministro, mientras que otros parlamentarios han calificado las rebajas como un “indulto parcial”. La Defensoría de la Niñez ha señalado que estas decisiones representan un retroceso en la protección de los derechos de los menores.
El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió el procedimiento y calificó las críticas como “malintencionadas”, asegurando que las rebajas están reguladas por ley y que el Ejecutivo no puede hacer más que cursar las solicitudes cuando se cumplen los requisitos establecidos.