Felipe Ongaro, ex juez de policía local de La Granja, denunció un esquema de corrupción en el sistema de multas TAG que operaba en su tribunal desde 2021. Tras una breve auditoría, Ongaro descubrió que se realizaban audiencias falsas y notificaciones fraudulentas, lo que permitía a funcionarios municipales incrementar sus ingresos de manera ilícita.
El sistema involucraba la simulación de notificaciones cada 30 minutos, afectando a automovilistas de comunas como Lampa, Colina, Maipú y Vitacura. Ongaro alertó a sus superiores sobre estas irregularidades, pero en lugar de recibir apoyo, fue objeto de un sumario por denuncias de acoso laboral presentadas por los mismos funcionarios que él estaba denunciando.
Denuncias y consecuencias
Ongaro llevó su denuncia a la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero no obtuvo respuesta favorable. Sin embargo, su persistencia dio frutos cuando la Fiscalía Sur formalizó cargos contra siete funcionarios municipales, quienes fueron encarcelados por su participación en el fraude.
A pesar de este avance, Ongaro enfrentó sanciones disciplinarias y un reproche por parte de la fiscal de la Corte de San Miguel, quien cuestionó su enfoque en el caso. Ongaro expresó su frustración al señalar que las instituciones judiciales no reaccionaron adecuadamente ante sus alertas sobre la corrupción.
Un sistema en crisis
El ex juez indicó que el problema no se limitaba a su tribunal, sugiriendo que otros juzgados también podrían estar involucrados en prácticas similares. Según Ongaro, el sistema de multas TAG se había convertido en una “oficina de cobranza” que operaba con total impunidad, lo que permitía a los funcionarios gestionar miles de causas en un tiempo récord.
Ongaro también destacó la relación sospechosa entre las autopistas y los funcionarios, sugiriendo que existían vínculos que favorecían el fraude. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la municipalidad de La Granja no ha tomado medidas significativas contra los implicados en el escándalo.
En este contexto, Ongaro se siente satisfecho con la formalización de la Fiscalía, pero lamenta la falta de protección para los denunciantes en el sistema judicial. La situación plantea interrogantes sobre la eficacia de las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia en el manejo de multas y procedimientos judiciales.