La Corporación Universidad Bolivariana, sostenedora de la institución educativa, ha solicitado su liquidación voluntaria ante el 30.° Juzgado Civil de Santiago, debido a un grave deterioro patrimonial y dificultades financieras. Esta solicitud se realizó el jueves, tras la revocación del reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación el 5 de mayo, lo que permitió el cierre académico de la universidad.

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Detalles de la solicitud de liquidación

En su presentación, la corporación argumentó que enfrenta un escenario de insuficiencia financiera y obligaciones pendientes. Según un informe institucional, la universidad tiene activos por $2.291.446.000 y pasivos que ascienden a $2.281.516.000, lo que resulta en un patrimonio contable de solo $9.930.000. Es importante destacar que estas cifras son históricas y no reflejan un balance actualizado a noviembre de 2026.

Entre las deudas más significativas, se encuentra una obligación con la Tesorería General de la República que supera los $454 millones. Adicionalmente, la universidad tiene tres facturas pendientes de pago por servicios de consultoría, que totalizan $3.900.000. Sin embargo, la corporación ha indicado que no ha podido verificar completamente el monto total de sus deudas.

Obligaciones laborales y causas judiciales

La Universidad Bolivariana también enfrenta un total de 96 causas judiciales, de las cuales 16 son civiles y 80 laborales y de cobranza previsional. En todas estas causas, la corporación figura como demandada. A junio de este año, contaba con 35 trabajadores, con haberes mensuales que suman $39.527.307, aunque se aclara que esta cifra no representa una deuda laboral en sí misma.

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El administrador de cierre designado por la Subsecretaría de Educación Superior, Juan Antonio Gutiérrez García, ha señalado que asumió sus funciones sin contar con la documentación contable completa, lo que ha dificultado la reconstrucción de la información financiera necesaria.

Próximos pasos y coordinación necesaria

La corporación ha solicitado la coordinación entre el procedimiento concursal, el administrador de cierre y las autoridades competentes para asegurar la continuidad de los procesos académicos y de titulación que aún están pendientes. La situación actual de la Universidad Bolivariana refleja un grave problema financiero que podría afectar a sus estudiantes y trabajadores.