El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha enviado a la Contraloría un decreto supremo que establece el reglamento de la ley N° 21.802, destinado a fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Este reglamento ha levantado alertas entre los alcaldes, quienes defienden la autonomía de los municipios ante lo que consideran una amenaza a su estabilidad.
Contenidos del reglamento y sus implicancias
El artículo 8° del reglamento es el principal foco de preocupación. Este establece que corresponde a la municipalidad verificar ciertos requisitos antes de designar al director de seguridad pública o nombrar inspectores de seguridad municipal. Los requisitos incluyen:
- Idoneidad física y psicológica.
- Ausencia de condenas penales.
- Haber completado la educación media.
Además, se estipula que los inspectores nombrados deben ser incluidos en una nómina trimestral que se enviará a Carabineros de Chile y a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Reacciones de los alcaldes
La inquietud entre los jefes comunales se centra en un párrafo que indica que la infracción a lo dispuesto en el reglamento podría llevar a sanciones administrativas, incluyendo la posible destitución del alcalde. Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, expresó su rechazo, argumentando que las causales de cesación de un alcalde deben ser definidas por ley y no ampliadas mediante un decreto. Alessandri también cuestionó la falta de consulta previa con las asociaciones de alcaldes.
Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, coincidió en que aunque se debe exigir responsabilidad, es preocupante que un reglamento vincule fallas administrativas con la destitución de un alcalde electo. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, calificó el artículo como «absolutamente inconstitucional».
Reacción de la Asociación Chilena de Municipalidades
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) también se pronunció, lamentando que una disposición de tal importancia no haya sido discutida antes de su ingreso a la Contraloría. En su comunicado, la ACHM advirtió sobre elementos de ilegalidad, señalando que no se puede establecer una causal de cese para una autoridad elegida democráticamente a través de un reglamento.
Este reglamento, que busca mejorar la seguridad pública, ha generado un debate significativo sobre la autonomía municipal y el respeto a los procesos democráticos en la gestión local.