Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años, podrá regresar a su hogar en el barrio del Retiro tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó su abogada, Beatriz Duro. Este acuerdo se produce después de que su desalojo desencadenara manifestaciones en toda España, donde se exigió al gobierno que aborde el problema del precio de la vivienda.
La octogenaria, que se mueve en silla de ruedas, fue desalojada de su apartamento tras un aumento del 275% en el alquiler, que pasó a ser de 2.650 euros (aproximadamente 3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Duro destacó que el nuevo alquiler será “similar al que ella venía pagando”, lo que permitirá a Abascal regresar a su hogar una vez que se recupere de su tratamiento por agotamiento en el hospital.
Protestas y contexto del problema habitacional
El caso de Abascal ha puesto de relieve la crisis de vivienda en España, donde el precio medio del alquiler se ha duplicado en la última década, alcanzando 15,1 euros/m² (aproximadamente 17,2 dólares) en agosto. En el mercado de compra, el precio medio se sitúa en 2.355 euros (alrededor de 2.682 dólares), con un aumento de más del 50% en el mismo periodo.
Las manifestaciones en apoyo a Abascal incluyeron la instalación de unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol en Madrid, donde decenas de miles de personas se unieron a la protesta. Los manifestantes exigieron medidas urgentes para proteger el derecho a la vivienda y evitar desahucios, con pancartas que decían “Decreto Maricarmen ya” y “los inversores son los invasores”.
Respuestas del gobierno y futuro del movimiento
El gobierno de Pedro Sánchez, criticado por su falta de acción ante el aumento de precios, planea presentar un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda. Sin embargo, este texto enfrenta incertidumbres en el Parlamento, donde el gobierno no cuenta con mayoría. Los manifestantes, como Carlota, una pintora de 29 años, expresaron su frustración ante la situación, señalando que es difícil emanciparse debido a los altos costos de alquiler.
El movimiento por el derecho a la vivienda ha crecido, con voces que piden cambios significativos en la legislación para priorizar las necesidades de las personas sobre los intereses de los fondos de inversión. Miriam Bue, portavoz del sindicato, advirtió que si no se implementan reformas, el movimiento seguirá escalando.