El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, expuso la propuesta de reforma constitucional en el marco de la agenda de seguridad nacional del Ejecutivo. Esta iniciativa, firmada por el presidente José Antonio Kast el 10 de agosto, busca introducir cambios en la Carta Magna para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
Entre las medidas más relevantes de esta reforma se incluye el reconocimiento de la seguridad pública como un deber del Estado y la posibilidad de crear un nuevo Estado de Excepción para abordar alteraciones a la seguridad pública. En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, Alvarado enfatizó que el Estado debe contar con herramientas efectivas para combatir grupos criminales, que muchas veces operan a nivel transnacional. “No podemos seguir llegando tarde”, afirmó.
Detalles de la reforma y su implementación
Alvarado también se refirió a las críticas sobre las nuevas facultades que se otorgarían al Estado. Aseguró que es fundamental no solo enfocarse en las facultades, sino también en cómo se aplicarán, lo cual será regulado por una ley orgánica constitucional. Esta ley establecerá los aspectos fundamentales del orden constitucional, incluyendo la creación de instituciones como tribunales y el poder legislativo.
El biministro explicó que el Estado de Excepción podría ser declarado ante una “amenaza grave e inminente” a la seguridad pública, con un plazo inicial de 120 días que podría ser renovado. Al ser consultado sobre qué se consideraría una grave amenaza, Alvarado mencionó a las organizaciones criminales que limitan la libertad y seguridad de las personas en ciertos barrios, generando temor en la población.
Protestas sociales y derechos ciudadanos
A pesar de las nuevas medidas, Alvarado fue claro al afirmar que la reforma no busca criminalizar, castigar o prohibir las protestas sociales. “No tiene relación con eso”, subrayó, enfatizando que el objetivo es mejorar la respuesta del Estado ante el crimen organizado sin afectar los derechos ciudadanos.
Los detalles de esta reforma aún están en desarrollo, lo que significa que algunos aspectos podrían cambiar a medida que avancen las discusiones legislativas. La propuesta busca generar un marco legal más robusto para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta el país.