La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) han endurecido sus demandas al Gobierno, exigiendo respuestas concretas en un plazo de 48 horas debido al incremento en los precios del diésel. Ambos gremios han calificado la situación como «crítica e insostenible» y han declarado que se mantendrán en estado de alerta permanente.
Demandas de los gremios
Entre las principales exigencias de los camioneros se encuentra la creación de una ley que establezca el Fuel Surcharge, un recargo obligatorio que permita traspasar automáticamente las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte. Este mecanismo debe ser:
- Vinculante y transparente.
- Aplicable tanto a alzas como a bajas del combustible.
- Incluir sanciones para empresas que no lo apliquen.
Los gremios han rechazado cualquier fórmula que sea voluntaria o que carezca de fuerza ejecutiva, como mesas de buenas intenciones o instructivos administrativos.
Solicitud de urgencia al Gobierno
Además, han solicitado al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ingresen “con máxima urgencia” el proyecto de ley al Congreso y convoquen a una mesa técnica con representantes del sector. Los dirigentes han destacado que las empresas de transporte, especialmente las de menor tamaño, enfrentan serias dificultades para absorber nuevos incrementos en sus costos operacionales.
Restablecimiento del MEPCO
Como tercera medida, las confederaciones han exigido el restablecimiento del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Esto incluye la aplicación de la banda del precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. También han solicitado corregir lo que consideran una distorsión impositiva que incrementaría el costo del combustible en cerca de $100 por litro para ciertos transportistas.
En su declaración conjunta, los gremios han enfatizado que la continuidad de sus operaciones depende de que el Ejecutivo entregue respuestas dentro del plazo establecido. Han advertido que “las bases del transporte de carga no continuarán financiando la discrecionalidad fiscal ni subsidiarán las distorsiones del mercado a costa de su propia subsistencia”, instando a sus federaciones, asociaciones y sindicatos a mantenerse en alerta permanente.