Este viernes, dos condenados por delitos sexuales contra menores de edad compartieron sus experiencias tras recibir una rebaja de condena durante el Gobierno de Gabriel Boric. En una conversación exclusiva con Teletrece, uno de ellos expresó que su comportamiento dentro del recinto penitenciario, donde comenzó realizando labores de aseo, influyó positivamente en su situación judicial.
El condenado, quien fue sentenciado por agredir sexualmente a una menor de 13 años, comentó sobre la justicia de la medida, indicando que su opinión es ambivalente: “Es 50-50, porque bueno, aparte de no haber perdido yo el carnet… Yo no pedí el carnet, fue una mala mía”.
Rebajas de condena y polémica gubernamental
El segundo condenado también se refirió a la sorpresa que le causó la rebaja de su pena, afirmando: “Fuimos uno de los pocos beneficiados respecto a este tema, fue de la noche a la mañana”. Este testimonio se da en el contexto de una creciente controversia por las 56 reducciones de pena autorizadas por el Ministerio de Justicia entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, que incluyeron 27 casos de abuso sexual y 29 de violación.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones, argumentando que estas se basan en criterios establecidos por la Corte Suprema, que busca respetar principios constitucionales. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema del 24 de febrero de 2026, que rechazó un recurso de amparo de un condenado por delitos sexuales, evidencia que la postura del máximo tribunal no ha sido uniforme.
Suspensión de trámites y posibles acciones legales
La controversia ha llevado al ministro Rabat a anunciar la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, mientras el Gobierno trabaja en cambios legales para restringir el acceso a estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores por hechos anteriores a 2022. En paralelo, la oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra el ministro por las rebajas de condena.
Teletrece también ha tenido acceso a la identidad de cuatro de los 56 reclusos beneficiados, aunque por respeto a las víctimas, no se revelarán sus nombres ni detalles que puedan identificarlas. Entre los casos se encuentra un médico condenado por múltiples abusos sexuales, quien ya estaría en libertad, y un hombre del entorno familiar de una víctima condenado por violación reiterada.