La crisis que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast por la rebaja de condena a violadores de niños, decretada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha tenido un impacto significativo en la opinión pública, según la última encuesta de Cadem. Un 64% de los encuestados rechaza la decisión del presidente de mantener a Rabat en su cargo, mientras que solo un 12% respalda su gestión en este episodio.
Desaprobación generalizada
La encuesta revela que el 77% de los consultados desaprueba la actuación del ministro Rabat en relación a la rebaja de penas, lo que indica un fuerte descontento en la ciudadanía. Entre los votantes de derecha, la opinión está dividida: un 55% apoya la permanencia de Rabat, mientras que un 40% está en desacuerdo. En contraste, solo un 5% de los votantes de izquierda apoya su continuidad, y un 89% está a favor de su remoción.
Percepción sobre las rebajas de pena
Un dato relevante de la encuesta es que el 79% de los consultados cree que Rabat no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Además, un 94% se opone a que se otorguen rebajas de pena a estos delincuentes, y un 90% considera que nunca deberían acceder a este beneficio.
La encuesta también señala que un 65% de los encuestados opina que la principal prioridad del Gobierno debería ser evitar nuevas rebajas a violadores de niños, y un 54% sugiere buscar mecanismos legales para revertir los beneficios ya concedidos.
Impacto en la aprobación del Gobierno
La controversia en torno a la gestión de Rabat podría tener consecuencias más amplias para el Gobierno de Kast. Expertos advierten que si la administración no logra recuperar el control del relato, la aprobación podría caer por debajo del 25%, lo que representaría un desafío significativo para la estabilidad del Ejecutivo.