El 16 de julio de 2024, un tiroteo en una parcela de Lampa, región Metropolitana, dejó cinco muertos durante un evento no autorizado por el Tren de Aragua, marcando un hito en la violencia del crimen organizado en Chile. Casi dos años después, el megaoperativo «Operación Tokio» logró desarticular esta red criminal, pero un nuevo informe de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, revela que la información sobre la organización ya estaba disponible antes de la masacre.
Detalles del informe de Trinidad Steinert
En su análisis titulado «Alertas, omisiones y el avance del crimen organizado en Chile», Steinert señala que el sistema financiero y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) habían detectado operaciones sospechosas vinculadas al Tren de Aragua desde abril de 2024. Este informe fue enviado al fiscal nacional, pero no se tradujo en acciones concretas que pudieran haber prevenido el crimen.
Alertas ignoradas y consecuencias fatales
Steinert menciona que entre abril de 2024 y mayo de 2026, la UAF envió al menos cuatro informes sobre la red criminal, que había lavado más de 75 mil millones de pesos en ese periodo. Sin embargo, la falta de una investigación formal permitió que la organización continuara operando hasta que un celular, dejado caer en la escena del crimen, proporcionó la evidencia necesaria para iniciar la investigación.
- El primer informe de la UAF llegó a la Fiscalía Nacional en abril de 2024.
- Los cinco asesinatos ocurrieron en julio de 2024.
- La investigación formal no se inició hasta después de la masacre.
Steinert concluye que, aunque no se puede afirmar que la masacre era evitable, la falta de acción ante las alertas podría haber puesto presión sobre la estructura criminal, posiblemente evitando el crimen. En sus palabras, «la diferencia entre anticiparse y reaccionar, en este caso, la marcó la casualidad».
Implicaciones para la seguridad pública
El informe de Steinert plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema de inteligencia y la necesidad de mejorar la colaboración entre las instituciones encargadas de la seguridad pública. La exministra enfatiza que «perseguir el dinero ilícito no es una tarea complementaria, sino un componente esencial de una estrategia eficaz contra el crimen organizado».