Jaime Gajardo, ex ministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, ha expresado su desacuerdo con la reciente decisión del Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, de rebajar las condenas a 56 abusadores y violadores de niños. Gajardo sostiene que esta medida se implementa sin que los condenados necesiten presentar un recurso de amparo o cualquier otra vía judicial, lo que, según él, representa un cambio en el criterio del Gobierno actual.
La controversia surge a raíz de la modificación de la ley en 2022, que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra niños de recibir beneficios de rebaja de penas. Gajardo argumenta que durante su gestión y la de Sebastián Piñera, el Ejecutivo se oponía a estas solicitudes, llevando los casos a los tribunales para mantener su postura de rechazo.
Postura del actual Gobierno
El ministro Rabat defendió la decisión del Ministerio, señalando que se basa en la doctrina establecida por la Corte Suprema a través de recursos de amparo. Según Rabat, la aplicación de esta doctrina busca evitar que los condenados tengan que recurrir a los tribunales, lo que podría retrasar la entrega de beneficios.
Sin embargo, Gajardo rechazó esta justificación, afirmando que el actual Gobierno está asumiendo el alegato de los defensores de los violadores de niños. “Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos”, enfatizó Gajardo, quien también destacó que durante su administración se rechazaron 276 solicitudes de rebaja de condena.
Críticas a la nueva normativa
El ex ministro subrayó que la decisión del Ministerio de Justicia de aceptar rebajas de penas sin más requisitos es peligrosa y contradice el objetivo de la ley, que busca que quienes cometen delitos sexuales contra niños no tengan acceso a reducciones de condena. Gajardo concluyó que esta nueva política podría tener graves consecuencias en la protección de los menores y en la percepción de justicia en el país.