Luis Cordero, ex ministro de Seguridad Pública y de Justicia, ha rebatido los argumentos jurídicos presentados por Fernando Rabat, actual titular de la cartera, en relación a la concesión administrativa de rebajas de condena a 56 violadores y abusadores de niños. En una entrevista en Estado Nacional, Cordero enfatizó que la interpretación de Rabat no se alinea con el texto de la ley aprobada en 2022, que excluye a condenados por delitos sexuales contra menores de este beneficio.
Interpretación de la ley y su aplicación
Cordero argumentó que la lealtad en la aplicación de la ley debe centrarse en el texto y el propósito del Congreso. “La evaluación para acceder a este privilegio debe centrarse en los requisitos vigentes al momento de postular”, indicó, sugiriendo que la ley fue diseñada deliberadamente para limitar las rebajas de condenas en casos de delitos sexuales contra menores.
Controversia sobre la ejecución de penas
El ex ministro también abordó la controversia que ha surgido en torno a la ejecución de penas y el acceso a beneficios penitenciarios, señalando que es necesario avanzar en este tema en el Congreso. Cordero propuso que la solución a las disparidades en la interpretación de la ley podría encontrarse en la ley de ejecución de penas, argumentando que no se requiere una nueva legislación para resolver estos problemas.
Críticas a las acusaciones constitucionales
Además, Cordero expresó su oposición a una posible acusación constitucional contra Rabat, calificando este recurso como un medio inapropiado para deshacerse de adversarios políticos. “La administración anterior fue víctima de un uso abusivo de las acusaciones constitucionales”, sostuvo, abogando por un uso más responsable de este mecanismo.
Obligación de resolución por parte del Ministro
En relación al anuncio del Ministerio de Justicia de postergar indefinidamente la entrega del beneficio, Cordero criticó esta decisión, afirmando que las autoridades tienen la obligación de resolver de manera rápida y efectiva sobre la situación de las personas privadas de libertad. “El ministro Rabat está asumiendo un riesgo jurídico al suspender, porque tiene la obligación de resolver”, concluyó.