El Senado despachó este martes un proyecto de ley que busca acelerar las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, quedando lista para ser promulgada como ley de la República.
Cambios significativos en la normativa
El texto introduce modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería, elevando el período de prohibición de reingreso al país de tres a cinco años en ciertos casos. Además, establece un procedimiento con control judicial que permite a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitar autorización a un tribunal para ingresar a domicilios y detener a personas con órdenes de expulsión vigentes.
Facilitación de expulsiones y control judicial
La nueva normativa también crea mecanismos para facilitar la salida inmediata de extranjeros que enfrenten procesos penales por delitos menores, siempre con la autorización del tribunal competente. El senador Andrés Longton (RN) destacó la importancia de esta reforma, señalando que el país enfrenta dificultades para expulsar a quienes ingresan de manera irregular, ya que este acto no se considera un delito.
- El plazo para presentar un recurso de reclamación se reduce de diez a cinco días.
- La presentación de este recurso no suspenderá automáticamente la ejecución de la expulsión.
- Se establece la obligatoriedad del registro biométrico para todos los infractores mayores de edad.
La reforma busca resolver los problemas operativos que dificultan la notificación y cumplimiento de las medidas de expulsión, y se espera que su efectividad dependa también de la colaboración del Poder Judicial en el trámite de las acciones de resguardo presentadas por las defensas.