El celular reseteado del fiscal regional genera dudas e investigaciones

Por Sergio Mendoza 1 Vista Comentar
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El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, entregó su celular “reseteado” al Ministerio Público en el marco de la investigación por el ofrecimiento que le habría realizado Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El celular entregado por Palma fue reseteado

En un informe realizado por la Fiscalía de Los Lagos se determinó que el celular entregado por el fiscal Carlos Palma al Ministerio Público fue reseteado. Esta acción ha generado dudas sobre la veracidad de la información que se podría haber encontrado en dicho teléfono y su relación con el ofrecimiento realizado por Gonzalo Migueles.

Chats de Hermosilla revelan ofrecimiento de Migueles

En un reportaje se dieron a conocer chats del abogado Luis Hermosilla, en los cuales se revela un ofrecimiento de Gonzalo Migueles para pagar un doctorado al fiscal Carlos Palma. Este ofrecimiento se habría realizado durante el proceso de elección del fiscal nacional y estaría relacionado con el apoyo al candidato José Morales, propuesto por Migueles.

Otros implicados en la investigación

La investigación también ha abierto la posibilidad de indagar sobre la participación de otros personajes en este caso, como José Morales y Ángel Valencia, quienes fueron mencionados en los chats. Se espera que en los próximos días se amplíe la investigación y se esclarezcan los hechos ocurridos en torno a este ofrecimiento.

Importancia de la independencia judicial

Este caso pone en relieve la importancia de mantener la independencia judicial, evitando cualquier tipo de influencia externa en las decisiones y procesos judiciales. Es fundamental garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial para mantener la confianza de la ciudadanía en la justicia.

Consecuencias legales del ofrecimiento

A raíz de este ofrecimiento y la entrega del teléfono celular reseteado, se podrían abrir investigaciones por posibles delitos como obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Estos delitos podrían acarrear sanciones penales y, en caso de ser comprobados, afectar la carrera profesional de los involucrados.

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