En Chile, bienes como relojes, perfumes, autos de lujo, yates y hasta avionetas pueden ser incautados por la justicia cuando se determina que su origen está vinculado a actividades delictivas. Sin embargo, la gestión de estos objetos se ha convertido en un desafío logístico y financiero para el Estado, que enfrenta costos anuales cercanos a 1.500 millones de pesos por su custodia.
La falta de una agencia especializada
La actual situación se agrava por la ausencia de una agencia dedicada exclusivamente a la administración de bienes incautados. Actualmente, la Fiscalía es responsable de custodiar una variedad de elementos, desde vehículos hasta animales, lo que puede extenderse durante años. Ignacio Castillo, director de Crimen Organizado y Droga del Ministerio Público, ha señalado que estos costos representan una carga significativa para la institución.
El caso de los vehículos incautados
En Iquique, región de Tarapacá, la acumulación de autos incautados es tan alta que se asemeja a un gran centro de compra-venta. La fiscal regional, Virginia Aravena, ha advertido que muchos de estos vehículos permanecen en condiciones deterioradas debido a la falta de acción. Aunque la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) puede vender algunos de estos autos, el proceso es lento y complicado por la falta de recursos y capacidad para manejar la situación.
Comparativa con otros países
A diferencia de Chile, otros países sudamericanos cuentan con instituciones dedicadas a la gestión y remate de bienes incautados. Esta falta de institucionalidad en Chile ha llevado a que, en ocasiones, los bienes permanezcan en custodia durante años, como es el caso de las máquinas tragamonedas, que también plantean un dilema sobre su manejo.
Propuesta de un nuevo organismo
Ante esta problemática, el ministro de Justicia anunció en agosto la intención de crear un organismo independiente que se encargue de la gestión de bienes incautados. Esta nueva entidad estará integrada por los Ministerios de Justicia y Seguridad, y contará con directores elegidos mediante Alta Dirección Pública. Esta propuesta busca finalmente dar respuesta a una necesidad que ha sido planteada desde 2014, pero que hasta ahora no había avanzado.