Las denuncias contra la secta Cahuala, ubicada en Chiloé, han tomado un nuevo impulso tras la emisión de la segunda parte de Reportajes Teletrece, donde exintegrantes relataron presuntos abusos y las estrictas reglas que regían la vida en la comunidad. Enrique Urrutia Aburto, conocido como el “Jefe” y fundador de la agrupación en los años 80, junto a María Alejandra Pinto, llamada la “Jefa”, son los principales acusados en una causa que investiga presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
Los testimonios de exintegrantes han revelado prácticas alarmantes, como la prohibición de que las madres amamanten a sus hijos y la imposición de severas restricciones en las relaciones familiares. Una mujer que creció en la comunidad describió el ambiente de humillación que vivía al relacionarse con sus padres, indicando que abrazarlos desencadenaba bullying y miedo.
Denuncias de control y abuso
Las acusaciones también incluyen el control absoluto que Urrutia ejercía sobre las relaciones íntimas dentro de la comunidad. Según el abogado querellante, Rodrigo Zegers, solo el líder podía autorizar las relaciones sexuales entre parejas, limitando estas a la procreación. “La única persona autorizada para penetrar era él”, afirmó Zegers, destacando la naturaleza coercitiva de estas prácticas.
Respuesta de la defensa
En respuesta a las acusaciones, el abogado defensor Juan Cristóbal Grünwald cuestionó la veracidad de los relatos de los exintegrantes, argumentando que las personas que se unieron a la comunidad lo hicieron de manera voluntaria y con pleno conocimiento de causa. “Las supuestas víctimas llegaron con 27, 28 años, profesionales universitarios, que llegaron absolutamente por sus medios”, sostuvo Grünwald, sugiriendo que el arrepentimiento posterior no invalida su consentimiento inicial.
Grünwald también expresó dudas sobre la posibilidad de probar la existencia de explotación laboral dentro de la comunidad, señalando que la vida en Cahuala es diferente a la convencional. Según los antecedentes, los integrantes de la secta trabajaban en diversas actividades relacionadas con los negocios de la comunidad, recibiendo mesadas que alcanzaban los $40 mil.
Investigación en curso
La Fiscalía ha indicado que aún existen diligencias pendientes en la investigación, lo que podría llevar a la imputación de nuevos hechos a los líderes de la secta. La situación sigue siendo objeto de atención mediática y judicial, mientras los testimonios de exintegrantes continúan generando preocupación sobre las prácticas dentro de la comunidad Cahuala.