Álex Vega, de 47 años, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), fue detenido el miércoles en el marco de la operación Apocalipsis II, que investiga su presunta participación en una red de corrupción dentro de la cárcel Santiago 1. La Fiscalía Metropolitana Occidente busca demostrar la alta influencia que Vega ejercía en el penal, donde su trayectoria sindical comenzó a destacarse desde 2017, alcanzando un cargo directivo en 2024.
Según el fiscal Marcos Pastén, Vega se convirtió en una figura emblemática de la corrupción en el recinto penitenciario, ya que su posición de fuero e inamovilidad le permitió mantener su influencia y controlar diversas acciones irregulares, como el ingreso de elementos prohibidos y la manipulación de situaciones dentro del penal. La investigación también ha revelado que Vega formaba equipos para llevar a cabo estas acciones, lo que le otorgaba un poder considerable sobre otros funcionarios y reos.
Investigaciones previas y nuevos antecedentes
La Fiscalía ha revisado episodios anteriores relacionados con Vega, incluyendo una condena en 2008 por apremios ilegítimos contra un interno. En 2018, su nombre volvió a aparecer tras la muerte de un reo, Rodolfo Valentín Muñoz Morales, quien falleció tras ser agredido por Vega. Según el fiscal, Vega habría golpeado a Muñoz, causándole un traumatismo encéfalo craneano que resultó en su muerte dos días después.
Además, se ha mencionado un incidente en el que Vega fue filmado consumiendo alcohol y realizando un asado con internos dentro de la cárcel, lo que llevó a su destitución y la de otros funcionarios. Sin embargo, la sanción fue revertida por la Contraloría, que solo impuso una multa.
Delitos y patrimonio investigado
La Fiscalía formalizará a Vega por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Se estima que la estructura que lideraba habría generado alrededor de $6 mil millones. Además, se han congelado cuentas y bienes de Vega, incluyendo vehículos, y se investiga un patrimonio acumulado que supera los 130 millones de pesos que no están justificados.
La investigación también ha llevado a la detención de la cónyuge de Vega por su presunta participación en los hechos. La Fiscalía busca reabrir la investigación sobre la muerte del reo en 2018, evidenciando la gravedad de las acusaciones en contra del dirigente sindical.