El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, realizó aclaraciones sobre sus recientes declaraciones en torno a la llegada del crimen organizado transnacional a Chile. Esto ocurrió tras una carta de la abogada Karinna Fernández, quien cuestionó sus afirmaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo sobre las implicancias para las víctimas de violencia policial.
La polémica surgió a raíz de una entrevista en Radio Universo, donde Barros sugirió que el estallido social había influido en la aparición de la criminalidad transnacional. Según él, los cuestionamientos a Carabineros durante ese periodo habrían afectado su actuación. “Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios, post estallido aparece la criminalidad transnacional”, expresó Barros.
Reacción de Karinna Fernández
La abogada Karinna Fernández, quien ha representado a diversas víctimas de violencia policial, envió una carta a la CIDH criticando lo que consideró una “grave narrativa”. Fernández cuestionó la falta de datos que respaldaran la relación entre el crimen organizado y el estallido social, señalando que esto podría poner en duda la imparcialidad de la Fiscalía.
Aclaraciones del fiscal Barros
En respuesta a la controversia, Barros contextualizó sus comentarios, indicando que su intención era hablar sobre la evolución de la criminalidad organizada y los recientes homicidios de carabineros. Afirmó que la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en las actuaciones policiales se ha vuelto crucial, señalando que los cuestionamientos a Carabineros durante el estallido social podrían haber influido en su desempeño.
Barros defendió la labor de la Fiscalía Sur en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, destacando que han liderado múltiples causas penales con condenas a funcionarios de Carabineros. “Hay absoluta claridad a nivel de persecución penal”, afirmó.
Finalmente, Barros precisó que el vínculo entre el estallido social y la llegada de organizaciones criminales transnacionales es de carácter cronológico. “Su instalación en Chile es posterior al estallido social a nivel cronológico, no a causa del estallido social”, concluyó, atribuyendo este fenómeno a la crisis migratoria y a “razones multifactoriales”.