El Congreso de Chile aprobó una reforma que permite a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas con órdenes de expulsión administrativa firmes. Esta medida fue despachada el martes por el Senado, con 37 votos a favor y una abstención, tras haber sido previamente aprobada por la Cámara de Diputados con 128 votos a favor y 11 en contra.
Detalles de la reforma
La reforma establece que la PDI podrá pedir por escrito a un juez de garantía el permiso para ingresar a un inmueble con el objetivo de detener a aquellos que tengan una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada. Sin embargo, esto no implica que los funcionarios puedan entrar libremente a cualquier vivienda solo por la situación migratoria de una persona. El procedimiento estará regulado por requisitos legales y requerirá el control de un tribunal.
Protección de grupos vulnerables
La iniciativa incluye medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes, y excluye a los establecimientos educacionales y de salud de estas acciones. Además, se contempla el aumento del período de prohibición de reingreso a Chile para extranjeros expulsados, que pasará de tres a cinco años.
Desafíos en la implementación
Durante el debate, algunos senadores expresaron preocupaciones sobre la necesidad de recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional para implementar la reforma. Se sugirió que se debe considerar financiamiento en el Presupuesto 2027 para llevar a cabo estas medidas.
Contexto legislativo
El proyecto fue ingresado en 2024 durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y fue reimpulsado por la administración de José Antonio Kast, quien asumió la presidencia en marzo de este año. La presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo, destacó que la reforma incorpora recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.