El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, se encuentra en el centro de una controversia significativa debido a la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de menores. Esta situación ha generado un clima de tensión en el oficialismo, especialmente tras la revelación de que algunos de estos condenados están actualmente en libertad.
La situación ha llevado a La Moneda a expresar su respaldo al ministro, afirmando que cuenta con la confianza del Presidente de la República, quien sostiene que Rabat ha actuado conforme a la ley. Sin embargo, el debate se intensifica en torno a la interpretación de la legislación que regula estos beneficios, con críticas desde el oficialismo que sugieren que los tribunales han interpretado erróneamente la normativa.
Reacciones y críticas dentro del oficialismo
El exministro de Justicia, Hernán Larraín, quien fue uno de los impulsores de la normativa, ha manifestado que los condenados por delitos sexuales debieron ser excluidos de las rebajas de penas. En este contexto, José Antonio Gómez, otro exministro de Justicia, ha calificado la interpretación de la corte como “garantista y equivocada”.
La controversia se ha visto alimentada por comentarios del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien realizó una alusión a Paul Schäfer, líder de Colonia Dignidad, lo que generó reacciones de molestia en sectores del oficialismo. Desde la UDI, se calificaron las declaraciones de Squella como injuriosas, argumentando que dañan la confianza en el Gobierno.
Posibilidad de acusación constitucional contra Rabat
A medida que la polémica avanza, la posibilidad de una acusación constitucional contra Rabat se convierte en un tema candente dentro del Gobierno. Aún no se ha pronunciado públicamente el Presidente José Antonio Kast sobre la crisis, lo que añade incertidumbre a la situación.
La crisis no solo afecta la imagen del ministro, sino que también plantea serias preguntas sobre la aplicación de la ley y la protección de las víctimas de delitos sexuales en Chile.