La Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad del recurso de amparo presentado contra el decreto del Ministerio de Justicia que permitió la salida en libertad de César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por cinco desapariciones forzadas. La decisión se tomó el 28 de octubre de 2026, cuando la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el amparo.
Recurso de protección ante la Corte de Apelaciones
Los familiares de las víctimas han anunciado que recurrirán de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Francisco Bustos y Nelson Caucoto, representantes de los familiares, manifestaron su intención de agotar todos los recursos legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para revertir la decisión que permitió la libertad de Acuña Luengo.
Contexto de la condena y la reducción de pena
César Acuña Luengo fue condenado en 2017 a 10 años y un día de cárcel por los secuestros y desapariciones de cinco personas durante la dictadura. Además, en 2007, recibió otra condena de tres años y un día por su participación en la Operación Albania. La reducción de condena que le permitió salir en libertad fue otorgada el 20 de mayo de 2026.
Argumentos de los familiares
Los abogados de los familiares argumentan que la decisión de liberar a Acuña Luengo vulnera normas constitucionales y tratados internacionales, y constituye una manifestación de impunidad. En su apelación, cuestionaron que la resolución de la Corte tratara como equivalentes la libertad personal y la seguridad individual, señalando que esta última también incluye el derecho a no ver obstaculizada la posibilidad de llevar adelante un plan de vida legítimo.
- Los familiares se sienten profundamente afectados por la rebaja de condena.
- El recurso de protección busca resguardar derechos como la vida y la integridad física y psíquica.
- La tramitación del recurso de protección es más lenta que la del amparo.
Los abogados también mencionaron un caso previo en el que se revocó una libertad condicional por haber sido otorgada ilegalmente. La decisión de declarar inadmisible el amparo ha sido criticada por los recurrentes, quienes sostienen que implica una interpretación restrictiva de la seguridad individual.