El robo de cajas de fibra óptica ha generado una creciente preocupación en las empresas de telecomunicaciones, ya que este delito puede dejar a decenas o incluso cientos de hogares sin conexión a Internet. En lo que va de 2026, se han reportado al menos 191 robos de estos dispositivos, con un notable aumento en el segundo semestre del año.
Las comunas de Maipú y El Bosque son las más afectadas, con cerca de 60 robos en cada una. Las cajas terminales ópticas (CTO), que son esenciales para recibir y distribuir la señal de fibra óptica, son el objetivo de estos robos. La sustracción de una sola caja puede interrumpir el servicio de varios hogares debido a su funcionamiento en cascada.
Impacto y costos de los robos
Las empresas de telecomunicaciones han estimado que el costo de reposición de cada caja robada puede superar los $300 mil. Además, los clientes afectados pueden permanecer sin Internet hasta 48 horas mientras se realizan los trabajos de reposición. El perjuicio económico total por estos robos se estima en alrededor de $66 millones, considerando tanto los robos como los costos de reposición y la pérdida de clientes que optan por cambiar de compañía tras sufrir interrupciones prolongadas.
Investigación y posibles responsables
Las compañías han presentado una acción judicial solicitando que el Ministerio Público y las fuerzas policiales investiguen estos delitos. Las cámaras de seguridad han registrado vehículos tipo van y furgones que podrían estar vinculados a los responsables de los robos. Se sospecha que las cajas robadas son adquiridas por proveedores informales de Internet para instalar redes clandestinas en sectores periféricos.
- Los robos se han concentrado en los meses de agosto y octubre, con 63 y 59 casos reportados, respectivamente.
- El 1 de octubre se registró un solo día con 26 cajas sustraídas.
- Se han identificado a personas sospechosas, aunque aún no hay detenidos confirmados.
Los especialistas advierten que la sustracción de estas cajas no solo afecta a los usuarios individuales, sino que provoca un apagón digital masivo en las áreas afectadas. La situación continúa bajo investigación, mientras las empresas buscan soluciones para mitigar el impacto de estos delitos en sus servicios.