El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia dictó una sentencia que condena a cuatro proyectos de parcelas de agrado en el borde costero de la comuna de Valdivia, cerca de Niebla, tras más de cuatro años de litigio. La sentencia exige la reparación de los suelos dañados en un plazo de 60 días y el restablecimiento del acceso a un sendero ancestral.
Detalles de la condena
La demanda fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en enero de 2022, con el apoyo de la Municipalidad de Valdivia, comunidades mapuche lafkenche y diversas organizaciones comunitarias. Los responsables condenados incluyen a la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura y sus representantes legales.
La causa se centró en varias infracciones, como:
- Tala de bosque nativo sin plan de manejo.
- Remoción de suelos.
- Construcción de caminos y obras eléctricas.
- Obstáculos al acceso de comunidades indígenas a sitios de prácticas ancestrales.
El CDE presentó pruebas de la tala de especies nativas en el área, así como la intervención de al menos 12 hectáreas de vegetación exótica.
Reparaciones y seguimiento
El plan de reparación incluye:
- Diagnóstico de la degradación del suelo y riesgo de remoción en masa.
- Control de la erosión.
- Recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas.
- Restablecimiento del acceso al sendero Pililín para la comunidad del Título de Merced Félix Alba.
Además, se formará una mesa de trabajo para protocolizar el acuerdo ante notario. Los responsables deberán informar a los compradores de los lotes sobre la situación y gestionar las autorizaciones necesarias.
Implicaciones legales y medioambientales
El abogado del CDE, Osvaldo Solís, indicó que la sentencia puede ser impugnada ante la Corte Suprema hasta el 27 de octubre. Aunque el tribunal no acogió todas las alegaciones del CDE, se considera que la reparación del suelo es fundamental en esta zona costera, expuesta a riesgos de remociones de tierra.
El cumplimiento de las medidas será supervisado por el Tribunal Ambiental, que podrá recurrir a servicios estatales como el Sernageomin y el SAG para verificar el cumplimiento de la sentencia.
Esta decisión también marca un avance en la protección de las costumbres y formas de vida de las comunidades mapuche lafkenche, que habían visto restringido su acceso a un centro sagrado debido a los proyectos inmobiliarios.