El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su preocupación por la decisión del gobierno de autorizar la rebaja de condena de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Gajardo sostiene que esta medida no solo contradice la doctrina histórica del Ministerio de Justicia, sino que también podría tener repercusiones en «todos los beneficios penitenciarios».
El actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión argumentando que se basa en una sentencia de la Corte Suprema que establece que quienes recibieron este beneficio antes de 2022 eran merecedores de él. Sin embargo, Gajardo considera que el ministro se equivoca al interpretar la situación, señalando que la ejecución de la pena tiene características administrativas y no penales.
Impacto en beneficios penitenciarios
Gajardo explicó que la decisión del gobierno distorsionará la gestión penitenciaria, afectando no solo a los casos actuales, sino también a futuras solicitudes de rebaja de condena. Afirmó que, históricamente, el Ministerio de Justicia ha mantenido una postura firme en cuanto a que las leyes penitenciarias no deben aplicar los mismos criterios que las leyes penales, lo que otorga mayor capacidad administrativa al ministerio en estas gestiones.
Protección de las víctimas
El exministro subrayó que la exclusión de la posibilidad de rebaja de condena para quienes han cometido delitos sexuales contra menores de edad fue implementada en 2022 como una medida para proteger a las víctimas. Antes de esta exclusión, aunque no existía una prohibición formal, el Ministerio de Justicia rechazaba las solicitudes de reducción de condena en estos casos.
Gajardo concluyó que la reciente decisión del gobierno podría abrir la puerta a un cambio en la gestión de las condenas, lo que, a su juicio, pone en riesgo la protección de los menores y la integridad del sistema penitenciario.